La Generalitat de Cataluña ha dado este pasado 7 de noviembre luz verde a la nueva regulación de los pisos turísticos. Una normativa que se lleva gestándose desde el pasado verano y que, a grandes rasgos, trae más restricciones y exigencias al mercado, bajo la idea de promover la vivienda para residentes especialmente en las zonas más tensionadas por el turismo. Este Decreto Ley persigue regular las viviendas de uso turístico mediante la obtención de una licencia urbanística previa y de una autorización turística en un total de 262 municipios de Cataluña, según el comunicado oficial.

En esas localidades, según la Generalitat, presentan problemas de acceso a una vivienda permanente o que ya tienen más de 5 pisos turísticos por cada 100 habitantes, o que cumplen ambos requisitos. En todos ellos, los ayuntamientos «no podrán otorgar licencias de apertura de pisos turísticos hasta que adapten su planeamiento urbanístico al nuevo Decreto-ley.»

Según ha explicado la consejera de Territorio, Ester Capella i Farré, «el objetivo prioritario del Govern es que la vivienda se convierta en un derecho fundamental, utilizaremos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para garantizar el uso social de la vivienda». Y ha recordado que «Cataluña tiene competencias exclusivas en materia de vivienda, urbanística y de consumo y nosotros las queremos ejercer todas, todas al servicio de garantizar derechos de ciudadanos y para construir el derecho fundamental que debe ser el acceso a la vivienda”.

La consejera de Territorio ha incidido en que «la aparición del fenómeno de los pisos de uso turístico es una de las causas de la disminución del número de viviendas que se alquilan como alojamiento permanente», lo que «dificulta el acceso de las personas y familias a un hogar habitual en un momento de crecimiento de la demanda de alquiler y en un contexto de incremento de la población catalana». De ahí que el Govern haya decidido aprobar una nueva regulación, para lo que ha modificado el texto refundido de la Ley de urbanismo.

Los cambios afectan a los 140 municipios considerados como mercado tensionado, según la Generalitat, donde se prevé aplicar el tope a las rentas de la Ley de Vivienda. A ellos se suma los municipios donde hay más de cinco pisos turísticos por cada 100 habitantes.

En estos casos, añade el Ejecutivo autonómico, «los ayuntamientos tendrán que modificar su planeamiento urbanístico para permitir expresamente la compatibilidad del uso turístico con el de vivienda. Esto sólo será posible si, al mismo tiempo, también pueden justificar que cuentan con suelo suficiente para viviendas destinadas al domicilio habitual y permanente de la población residente. Y, en cualquier caso, podrán otorgarse como máximo 10 licencias de pisos turísticos por cada 100 habitantes en estos 262 municipios».

Otra de las claves de la nueva normativa es que los pisos turísticos existentes y debidamente habilitados en los 262 municipios en los que se aplicará el cambio regulatorio deberán renovar sus licencias para poder operar de forma legal. Los titulares dispondrán de un margen de cinco años para pedir la nueva licencia urbanística, a contar desde la entrada en vigor del Decreto ley, o tendrán que cesar la actividad.

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña ya han advertido de que los principios del decreto anunciado por la Generalitat para regular los pisos turísticos tienen «un carácter ideológico y no tienen cabida en la realidad económica y jurídica del país». También avisan de que «no hay ninguna garantía de que las viviendas que dejen de destinarse a uso turístico pasen al alquiler de larga duración».  El texto que ha anunciado la Generalitat establece que en 262 municipios no podrá haber más de 10 apartamentos turísticos por cada 100 habitantes: según los API, eso obligará a cerrar 28.000 en 47 municipios en un máximo de cinco años.  Subrayan que Cataluña y toda España son lugares cuyo principal motor económico es el sector de servicios y cuya economía está enfocada al turismo, «razón por la que Barcelona y Madrid están entre las ciudades más visitadas del mundo en la gran mayoría de rankings del sector turístico». En ninguna de estas ciudades debería aplicarse la norma debido a la mayor densidad de población. Aunque según esta nueva normativa, los Ayuntamientos podrán ampliar los requisitos que se establecen para poder tener esta actividad, añadiendo la condición de que se tiene que obtener una licencia urbanística.,

La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (FEDERATUR) y la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (APARTUR) califican de irresponsable el decreto ley para regular los pisos turísticos. El sector de los apartamentos alza la voz contra una modificación de la ley que consideran «precipitada, contraria a derecho y de nula efectividad» y para la que no se ha tenido en cuenta la opinión del sector.

Esta patronal estima que la nueva regulación puede suponer la eliminación del 40% de la oferta de alojamiento reglado catalán en un periodo de 5 años. Unos datos que equivalen al 2,94% del PIB turístico del país y al 80% de las viviendas turísticas en toda Cataluña. También se perderían 25.000 lugares de trabajo y unos 3.000 millones de euros, que es el impacto económico directo del sector. «Esto sin tener en cuenta el impacto de la actividad en comercios y restauración», puntualiza David Riba, presidente de FEDERATUR.

El sector afirma que se está delante de una expropiación encubierta y que «la Generalitat debería afrontar las reclamaciones de indemnización que podrían exigir hasta 80.000 familias catalanas propietarias de viviendas turísticas, las licencias de las cuales ahora se pretende expropiar y que los expertos consultados cifran en centenares de millones de euros». Las patronales catalanas de pisos turísticos también critican la falta de fundamento y análisis previa a esta propuesta. «No se han aportado estudios, ni datos, ni informes sobre el impacto de la actividad de las viviendas turísticas en Cataluña», afirman. E insisten en que únicamente responde al objetivo de hacer ver a la opinión pública que se están tomando medidas para resolver el creciente problema del acceso a la vivienda «Objetivo que de ninguna manera se solucionará prohibiendo nuestra actividad debido al reducido porcentaje que suponen las viviendas de uso turístico respecto al total del parque de viviendas catalán».

La controversia está servida.