Al hilo de la controversia generada por el proyecto de ley de pisos turísticos en Cataluña, entidades y entes locales del Alt Pirineu y Aran han elaborado un manifiesto para dar apoyo al decreto ley aprobado en noviembre por el Govern para regular los pisos turísticos. Denuncian que las Viviendas de Uso Turístico (HUT) se han multiplicado por cuatro en los últimos ocho años y han pasado de 1.298 en el 2015 en 4.719 a mediados de 2023. Eso ha provocado a su juicio una grave crisis de vivienda, ya que cada vez hay menos casas disponibles y las que hay tienen unos precios de alquiler que ya superan el «máximo histórico» o están a punto de hacerlo.  El manifiesto da de esta manera apoyo al decreto ley para limitar las viviendas turísticas que el Govern aprobó en noviembre.  Consideran que la nueva normativa tiene que servir para «reequilibrar» la oferta de viviendas de uso permanente, que en los últimos años ha caído en contraposición con la de apartamentos turísticos, que no ha parado de crecer. También ayudará, dicen, a regular los precios de compra y alquiler, que actualmente son inasumibles para mucha de la gente que vive en el territorio.

Hay que entender que el número de Viviendas de Uso Turístico (HUT) en el Alt Pirineu y Aran se ha multiplicado por cuatro desde su regulación el año 2015. Se ha pasado de 1.298 a 4.719 a mediados del 2023. A modo de ejemplo, los pisos turísticos de la Val d’Aran podrían alojar el 80% de su población. En el caso del Alta Ribagorça se alojaría al 63% y en el Pallars Sobirà, el 55% de la gente que vive allí.

La falta de vivienda ha ido acompañada de un incremento sin traba de los precios de alquiler, que ya superan, según el documento, «el máximo histórico en precios de alquiler o están a punto de hacerlo». Por ejemplo, un piso en la Val d’Aran que hace 8 años valía 600 euros en el mes hoy cuesta, «mínimo», unos 1.200 euros, ha dicho al vicepresidente de la Diputación de Lleida, Juan Antonio Serrano.

Esta situación provoca situaciones «completamente dramáticas» en el territorio. «Pisos con sobreocupación, trabajadores viviendo en autocaravanas, familias arraigades en el territorio que ven cómo no los renuevan el contrato de alquiler porque quieren transformarlo en pisos turísticos, una dificultad añadida para encontrar profesionales sanitarios y de todo tipo, e incluso, estafas en internet» de ofertas falsas, ha citado al vicepresidente Serrano.

Por su parte, Joan Talarn, actual Presidente de la Diputació de Lleida,  se ha mostrado favorable a «todas aquellas herramientas que sirvan para que la gente tenga una vivienda» y ha dicho que eso es compatible con la capacidad turística del territorio. «Es fácil entender que se pueden complementar las dos sin que una duela a la otra y con la capacidad que haya proyectos de vida justamente porque hay una oferta de trabajo y la gente se puede quedar, pero que también tengan vivienda», ha incidido.

En el resto de Cataluña las viviendas turísticas están ubicadas principalmente en las provincias de Barcelona, Girona y Tarragona, lo que representa apenas el 2,5% del parque residencial de toda la comunidad autónoma. En el caso de Barcelona, el peso es todavía más bajo (un 1,14% del parque, con 9.470 viviendas de uso turístico sobre las 827.000 viviendas totales). A pesar de ello, desde Apartur aseguran que los apartamentos turísticos generan el 6% del PIB de Cataluña. “Es mucho empleo, mucha actividad y muchos servicios sociales que se pagan con los impuestos que se recaudan”, según Enrique Alcántara-García, presidente de APARTUR.

La asociación calcula que, solo en la capital catalana, cada piso turístico genera más de 1.500 euros en impuestos al mes. Y que empresas de diferente índole trabajan de forma directa en el sector: gestoras de apartamentos, empresas de reformas y mantenimiento, decoradores, empresas de ‘software’, lavanderías, empresas de servicios de limpieza…

Desde las principales asociaciones también recuerdan que las viviendas turísticas suponen el 46% de la oferta de alojamientos vacacionales, con más de medio millón de plazas, y que estas cifras se han alcanzado gracias a la elevada demanda. Una demanda en la que cada vez pesan más los perfiles jóvenes, las familias y mayores de 65 años.

Así lo manifestaba también un estudio reciente de Fevitur, la patronal del sector en España, que cifraba en más de 20.000 millones de euros la aportación económica de las viviendas vacacionales en el conjunto del país durante 2022, incluyendo el gasto en alojamiento y en otros como la restauración, las compras o el ocio. 

Desde la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (FEDERATUR) lamentan que, a pesar de todo ello, este sector esté en el foco de las propuestas políticas. “Nos están usando para algo que no sirve. Hay una crisis de vivienda, pero atribuirnos el problema no va a salir bien. Hay que tener en cuenta las preferencias de los usuarios. Somos una opción real que tiene que existir en el mercado”, concluye el presidente de FEDERATUR.