Estamos a las puertas de unas nuevas elecciones municipales y el turismo en general promete ser uno de los temas arrojadizos en las campañas de los diversos municipios turísticos.

En este contexto creo que el tema estrella, será seguramente la problemática generada a partir de la aparición de las llamadas viviendas de uso turístico. ( Esperemos por el bien de todos, que ningún descerebrado sitúe la turismofobia en el centro de la discusión…)

El fenómeno en sí, tiene todos los ingredientes para generar un acalorado debate entre diferentes posturas, pero este además está demostrando una innegable capacidad para afectar a otros aspectos de la gestión municipal como el acceso a la vivienda, los problemas de orden público, la seguridad ciudadana, o las insuficiencias en la prestación de algunos servicios urbanos.

Es un problema además, de carácter internacional. Que afecta en diversa medida a ciudades de América, Europa, Asia y Oceanía, y frente al que las distintas administraciones no consiguen encontrar una forma jurídica eficiente para regularlo.

Solo en España tenemos 17 normativas diferentes, una por cada comunidad autónoma, pero es que además los intentos de regulación por parte de algunos Ayuntamientos como el de Madrid, Bilbao o San Sebastián, acabaron el pasado agosto por generar un conflicto con la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

No es de extrañar pues que el propio gobierno haya acabado por proponer a través de la Secretaria de Estado para el turismo, Bel Oliver. Que sean los vecinos los que decidan sobre el alquiler turístico modificando la actual ley de propiedad horizontal, con el objetivo de redefinir las mayorías necesarias en el seno de las comunidades a la hora de permitir dicha actividad en sus edificios.

A falta de tener un borrador claro sobre la propuesta, a un servidor, le da que las reuniones de vecinos van a ser de lo más agitadas a partir de ahora. Y es que podríamos encontrarnos con propietarios que vieran cercenado su legítimo derecho a optimizar la percepción de rentas fruto de sus activos inmobiliarios. Y por otro lado, a vecinos que quedarían aislados sin voz ni voto frente a cualquier reclamación, en caso de que la mayoría de las viviendas de sus edificios estén en manos de inversionistas que persigan precisamente, obtener rentas de dichos activos. Y todo ello, en el marco de la aplicación de un dudoso carácter retroactivo sobre la privación de un  derecho reconocido, sobretodo en el caso de aquellos pisos que ya hayan adquirido la pertinente licencia turística. ¿ Parece un lío, verdad?… Lo es.

Alguien podría pensar que el mercado terminará por regular de manera natural los usos de las diferentes fincas, pero personalmente desconfío de que los problemas acaben resolviéndose simplemente desplazando a  «forasteros» del rellano,  al portal de al lado. Y  en mi opinión, en ningún caso estamos abordando el problema de la escasez de la vivienda de primera ocupación en destinos turísticos, frente a la que probablemente serian más efectivas las medidas de subvención o exención fiscal.

El problema es que esto de las VUT se nos ha presentado siempre como una disputa de intereses entre dos partes que le exigen poner orden a una tercera. Y ni son solo dos, ni el tercero sabe por donde meterle mano.

Existe la tentación de explicar el problema de las viviendas de uso turístico como un conflicto de intereses entre hoteleros y propietarios de inmuebles. Recordemos que algunas voces lo justificaban bajo la metáfora de aquella viejecita que quería alquilar un inmueble frente al recelo de las todopoderosas cadenas hoteleras. En la práctica, pronto quedó de manifiesto que en la realidad, era más frecuente encontrar pequeños negocios hoteleros haciendo frente a grandes fondos de inversión internacionales.

Salvo ilustres excepciones, nadie predijo que el verdadero negocio lo vertebrarían grandes plataformas tecnológicas que han puesto en jaque a países enteros fruto de su carácter transnacional y globalizado. Pero sobretodo con un nuevo modelo de desarrollo apoyado en la inteligencia colectiva y en la confianza ciega del usuario, ya sea arrendatario o arredador,  que es el que a la postre se ha hecho con una soberanía que lógicamente no piensa devolver.  En mi opinión esa universalización del poder de elección, compra y posterior juicio de valor es lo único que de verdad sostiene el término «colaborativo».

En este escenario como apuntaba, faltan actores. Hoteleros, plataformas VUT  y la propia administración son una parte. Pero es difícil prever una solución sin contar con otros sectores económicos implicados y que han demostrado ser especialmente hábiles beneficiándose del empuje del alojamiento turístico.

Inmobiliarias y administradores de fincas deberán entender que ni todo es susceptible de ser catalogado como producto turístico, ni la promesa del retorno en inversiones inmobiliarias debería apoyarse siempre en los ingresos generados por el alquiler turístico.

Frente a esta complejidad, traspasar la responsabilidad a las comunidades de vecinos no parece ni de lejos una medida aplicable. Y es que si no lo remedia un buen acuerdo, esto de la economía colaborativa va camino de poner en pie de guerra a hoteleros, taxistas, guías turísticos y ahora también, a los presidentes de las comunidades de propietarios con el mismísimo Juan Cuesta al frente.